Los cambios que se avecinan en la OCM, nublan el horizonte vitícola y amenazan al sector con tener que reinventarse. Si hacemos caso de las noticias, muchos pueden estar pensando en hacer las maletas y salir por patas, aunque me la impresión que la mayor parte no se lo acaba de creer, o no quiere creérselo, y está convencido de que esto no irá para adelante y como siempre se volverá a prorrogar, pero hay que tener en cuenta que el mundo está cambiando a toda marcha y las políticas sobre el viñedo no van a ser una excepción.

El pasado 20 de diciembre el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el Reglamento 1308/2013 de la Organización Común de Mercados (OCM), en donde se incluye como novedad el nuevo régimen de autorización de nuevas plantaciones, que sustituirá al vigente sistema de derechos de plantación de viñedo.

La vigencia del nuevo régimen se extenderá desde 1 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2030, con una revisión intermedia que deberá realizar la Comisión para evaluar su funcionamiento y, en caso, pertinente, formular propuestas. No obstante, varios Estados miembros han solicitado ya a la Comisión que simplifique el complejo marco de gestión propuesto. Hay que tener en cuenta que España esta peleando exclusivamente la fijación de criterios óptimos, a fin de autorizar cada año hasta el 1% máximo del potencial vitícola para nuevas plantaciones; no estandose discutiendo el resto de los términos.

Uno de los aspectos principales del nuevo sistema es que solo se permitirán plantaciones o replantaciones que lleven aparejada su autorización. Es decir, se exige que los productores presenten previamente una solicitud, que cumpla con los criterios de admisibilidad objetivos y no discriminatorios. Dicha autorización, correspondiente a una superficie específica expresada en hectáreas, será concedida sin coste para los productores.

foto asociada

Esperándose además, aunque el sector no termine de creerselo, que el actual sistema de derechos caducará a finales del 2018 y a partir de entonces  ni los derechos antiguos ni las autorizaciones nuevas podrán venderse entre particulares, con lo que desaparecerá el patrimonio del ‘papel’ a partir del 2019. Aunque sí se prevén fórmulas para traspasar las autorizaciones de generación en generación, pero lo que hace el sistema es acabar con la ‘especulación’. Es decir, lo que valdrá es la tierra y no el ‘papel’. Las nuevas autorizaciones serán gratuitas, pero, si no se utilizan en tres años, caducarán y volverán a la administración.

Ha habido muchos excesos en Rioja, de los que nadie se enteraba. Hoy en día la información circula y se nos critica y se nos echa en cara, pudiéndose leer artículos como este:

Mientras tanto, ahí tenemos a Rioja cerrando los ojos ante las viñas plantadas en patatales o campos de remolachas, cuyas uvas acabarán con la debida contraetiqueta. O ese hábito riojano de dejar que una parcela produzca mucha más uva del máximo tolerado: sencillamente, se admite hasta el tope, y el resto de desclasifica. Como si una fuese buena y la otra peor… También en Rioja, la chapuza de las dos maturanas tintas, una registrada oficialmente pero no utilizada, y la extraoficial suplantándola en las viñas y las etiquetas, parece verdaderamente tercermundista.

Teniendo en cuenta que El ‘papel’  de Rioja, en el mercado libre, ronda sobre los 15.000 euros la hectárea.  El valor actual de las 43.000 hectáreas de viñedo de la Rioja, sería de unos 645 millones de €, que no es moco de pavo; siendo 62.000 Ha el total de la denominación, lo que elevaría la cifra a 930 millones de €.

No sería de extrañar, que empecemos a ver cambios……, de manos quiero decir.